Reciente informe del observatorio de conflictos mineros en el Perú
EN UN AÑO CONCESIONES MINERAS
EN EL PERU SE INCREMENTARON 
A UN MILLON DE HECTAREAS

El informe resalta el porcentaje de concesiones mineras en el Perú, así de junio de 2011 a junio del 2012 las concesiones han pasado de 24'057 405,52 (18.91% del territorio peruano) a 25'057 405, 52 (20,3%), en un año las concesiones se han incrementado en 1 millón 832 586.83 hectáreas.

El actual gobierno tiene previsto obtener una inversión de 50 mil millones de dólares en la actividad minera, quintuplicando al gobierno de García (10 mil millones de dólares), sin una política de ordenamiento territorial, por ejemplo una herramientas como el Estudio de Impacto Ambiental tienen 20 años de antigüedad en el país.

Cajamarca es el cuarto departamento con mayores concesiones mineras hasta este año. Desde el 2007, el porcentaje del territorio concesionado ha aumentado en un 12.5%. Actualmente, el 48.0% de su territorio está concesionado. Apurímac es el departamento en el que las concesiones han crecido significativamente. Desde el 2007, éstas han aumentado en un 30.3%. Este año las concesiones representan el 58.8% del territorio. En los últimos cinco años, las concesiones en la región Junín aumentaron en 8.2%. En el 2007, las concesiones mineras fueron de 17.7% del territorio. Al 2012, las concesiones representan el 25.9% En Cuzco, las concesiones mineras han aumentado desde el 2007 en un 9.6%. El 2007, el 11.7% del territorio estaba concesionado, este año las concesiones representan el 21.3% Desde el 2007, las concesiones mineras en Piura han aumentado en 14.8%. Hasta este año, el 31.4% de su territorio está concesionado.

“El 60% de los conflictos socio ambientales son mineros y de hidrocarburos. En el último año se ha entregado casi 26 millones de hectáreas a concesiones mineras. Es la primera vez que un conflicto como el de Conga se trae abajo un gabinete. En el caso de Espinar, el conflicto provocó la renuncia de casi todos los congresistas cusqueños de la bancada nacionalista”, fue el balance de José De Echave, miembro de CoorperAcción y coordinador de Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), durante el lanzamiento del X Informe del OCM.

Ante este panorama ¿qué retos tenemos por delante para que los conflictos no sigan presentes como en el último periodo?

El gobierno de Humala heredó 217 conflictos sociales del gobierno de García que recibió del gobierno de Toledo 82 conflictos latentes y activos. A un año del gobierno nacionalista, el número de conflictos es de 247, según la Defensoría del Pueblo”, dijo De Echave quien señaló además que “el contexto de conflictividad no es exclusivo del Perú pues en un informe sobre Medio Ambiente, las Naciones Unidas señala que el 40% de los conflictos internos en el mundo tienen sus orígenes en la explotación de recursos naturales como la minería”.

“Las características de los conflictos han cambiado. No solo cuestionan el proyecto extractivo si no cuestionan las políticas públicas que están detrás. Se hace un llamado al rol del Estado y a sus mecanismos de control. Los instrumentos de gestión ambiental como los Estudios de Impacto Ambiental son seriamente cuestionados. Los conflictos tienen su origen en los impactos acumulativos que ha tenido la actividad minera en las regiones. En Cajamarca, por ejemplo, los impactos acumulativos vienen desde el año 1993 y en la actualidad existe una decena de proyectos mineros de mediana envergadura, lo que ha generado una situación de estrés social muy significativo”, dijo De Echave.

La situación que ha estallado en Cajamarca plantea la pregunta: ¿Hasta cuánto una provincia, una región puede aguantar la actividad minera?

“Cuando parecía que estábamos en un Estado civilizado, democrático, los hechos sucedidos en Cajamarca sólo demuestran la fórmula en que el gobierno asume los conflictos: el golpe y la prepotencia. Estamos volviendo a la fórmula de una dictadura. Dada la cantidad de concesiones mineras, ¿qué pasará si estas imágenes de represión como la cometida contra Marco Arana y otros pobladores de Cajamarca se repitiera en diferentes proyectos mineros latentes en el país?”, dijo el ingeniero Pablo Sánchez, de la ONG Grufides de Cajamarca.

“El conflicto del proyecto minero Conga cuestiona los elementos del modelo económico. Es discriminador decir que los campesinos necesitan azuzadores para convertirse en actores sociales”, dijo Sánchez quien denunció, además, que los vehículos que circulan por Cajamarca transportando a policías, “son vehículos de los propios contratistas de la minera Yanacocha”. Además, mostró imágenes de violencia y agresión por parte de la Policía Nacional a pobladores cajamarquinos.

El ingeniero dio alcances técnicos del proyecto: “Se pretende secar una laguna para usarla como depósito minero. El tamaño del depósito podría ser comparado con la mitad del área del distrito de Miraflores (…) Yanacocha dice que construyendo los reservorios todo quedará mejor. Sin embargo, los reservorios serán llenados con agua tratada del proceso minero, no agua natural. Al fracturar la roca, lo que se produce son flujos de agua subterránea que van a tratar de llenar el gran hueco del tajo abierto. El agua, al combinarse con el oxígeno, se convierte en agua ácida. Ésta será bombeada fuera del tajo y con esta agua serán llenados los reservorios”.

“El siguiente punto es que Yanacocha hará el tratamiento de agua el tiempo que dure el proyecto, pero reservorios de este tipo necesitan mantenimiento a perpetuidad que será totalmente pagado por el Estado con el dinero de los peruanos. Y si al irse Yanacocha, el Estado no se hace cargo, tendremos un pasivo ambiental permanente, un gran relave minero en una cabecera de cuenca”, dice

 

Respecto a la región de Piura, que tiene el 31,4% de su territorio concesionado a la minería, el abogado Javier Jahncke de Fedepaz recordó que las concesiones incluyen los ecosistemas de páramos y bosques de neblina ubicados en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, donde se pretende desarrollar el proyecto minero Rio Blanco y se proyecta todo un distrito minero con cuatro tajos abiertos, poniendo en riesgo los recursos hídricos de la región. El anuncio de que el proyecto minero Rio Blanco, retomará sus operaciones ha generado nuevos enfrentamientos en Huancabamba.

 

Dijo, además, que las comunidades campesinas de Piura están preocupadas porque el Viceministerio de Interculturalidad, ha reconocido a sólo 52 como los pueblos que serán sujetos de consulta previa, de los cuales 4 son andinos y no incluyen a varias de las comunidades de Piura.

 

“Aún quedan pendientes tareas para el nuevo Gobierno como la protección de los ecosistemas de páramo y bosques de neblina (donde se genera el agua de la región). La proyección de erradicar la minería informal de Piura, a partir de su regulación y focalización”, señaló Jahncke quien remarcó que, en algunos casos, son las mineras formales las que brindan las herramientas necesarias a los mineros informales y les compran su producción para luego procesarla y comercializarla”.

 

Finalmente, Jahncke consideró como un logro importante la formalización de la denuncia contra 14 miembros de la Policía Nacional (incluyendo dos Coroneles) por las torturas ocasionadas a dirigentes sociales y comuneros detenidos el año 2005 en el campamento de la empresa Minera Majaz (hoy Rio Blanco Copper).

 

Las conclusiones del Observatorio de Conflictos Mineros, en palabras de José De Echave: “Estamos ante una situación límite que obliga a cambios en las políticas públicas y llama la atención del Estado a recuperar su credibilidad. No existe una autoridad ambiental en el Perú pues los estudios de impacto ambiental siguen siendo aprobado por el Ministerio de Energía y Minas”. Cuestionó además que no haya una verdadera autoridad ambiental en el país, que más bien cada ministerio es la autoridad ambiental en su sector.

 

Señaló además que hay una tendencia de caricaturizar el conflicto, se dice que las protestas están manejadas por una agenda ilegítima que los pobres son manipulables. El gobierno debe identificar cual es la agenda real de los conflictos, los conflictos plantean que hay enormes retos de mediano y largo plazo, nuestro país requiere cambios sustantivos y voluntad política, con ello se lograran las reformas que se necesitan en materia ambiental.